En 1989, la Argentina sufría una situación económica marcada por la hiperinflación que había provocado una suba en los precios al consumidor. Además de una disminución del stock de divisas, atrasos en los pagos externos, el incremento en el desequilibrio fiscal, la recesión y el desempleo, el aumento de la deuda interna y la fuga de capitales hacia el exterior. Y los desórdenes sociales y económicos de las provincias, producto de la devastadora situación que atravesaba nuestro país.
Luego de la asunción del Primer Mandatario las primeras medidas fueron popularmente llamadas B.B. por la intervención que el grupo empresario Bunge y Born tuvo en la elaboración de las mismas.
Con el fin de nivelar el sistema de precios y equilibrar las variables económicas, se decreto una pronunciada devaluación monetaria, importantes incrementos en combustibles, tarifas y transportes.
En materia monetaria se anuncio la intención de dar mayor autonomía al Banco Central, modificando su carta orgánica, y reduciendo gradualmente los encajes remunerados vigentes en el sistema financiero.
En el orden externo había atrasos en el pago de los intereses de la deuda externa desde abril de 1988 y las negociaciones, en la etapa final del gobierno de Alfonsín, estaban casi interrumpidas.
La situación económica con la que se encontró el doctor E. González (ministro de economía) era la de una persistente acumulación de deuda interna, con la colocación indiscriminada por parte del Gobierno de títulos públicos con intereses gravosos por lo que puso de inmediato en marcha el Plan Bonex (que provoca una importante caída en la liquidez), que causo un profundo impacto en la población y significo una gran perdida para los tenedores de plazos fijos. Este plan, consistía en la incautación, por parte del Estado, de los depósitos a plazo fijo que se hallaban en el sistema financiero, siendo restituidos a sus propietarios en títulos de la deuda externa a diez años de plazo. Se emitieron a tal efecto los Bonos de Consolidación (BOCON) en moneda nacional o en dólares para cancelar las obligaciones consolidadas.
Adopto además algunas medidas anexas, como prohibir por cuatro meses las licitaciones para compra de bienes e inversiones del Estado y estableció la obligatoriedad de la autorización previa del Ministerio de Economía, para cualquier compra o contratación de organismos del Estado.
Finalmente, en marzo de 1990, el ministro lanzó una serie de medidas aun más restrictivas denominadas: Plan Erman III: que consistió en la suspensión de todo tramite de contrataciones y licitaciones, eliminación de los reembolsos a las exportaciones y achicar el aparato administrativo del Estado, suprimiéndose secretarías, subsecretarías y direcciones.
En 1991 como consecuencia de la renuncia Erman González y su equipo, asume Domingo Felipe Caballo. Quien el 1° de abril de 1991 pone en marcha el Plan de Convertibilidad, (Ley NC 23.928). La ley establecía:
• Convertibilidad del austral en dólar (paridad cambiaria fija y sin límite de tiempo en 10.000 australes por dólar)
• Modificación del Código Civil, autorizándose contratos en moneda extranjera.
• Eliminación de la actualización monetaria o desindexación, para evitar que se trasladara hacia adelante la inflación pasada.
• Se rebajaron los encajes bancarios de los depósitos en australes y se aumentaron los correspondientes a depósitos en moneda extranjera.
A su vez, se autorizó al Banco Central a sacar ceros al austral y a cambiar la denominación del signo monetario (a partir del 1° de enero de 1992 la moneda pasó a ser el peso, igualada en paridad con el dólar). Además, este plan al estar avalado por una ley, conseguía contener las expectativas de devaluación.
También se produjeron aumentos sobre determinados servicios públicos (como en los ferrocarriles, obras sanitarias, teléfono, gas, electricidad). Y paradójicamente se rebajaron otros, como el gas de uso industrial, electricidad para el uso fabril y la nafta. De esta manera se disminuían los costos industriales.
Se pusieron en marcha reformas destinadas a disminuir los niveles de evasión impositiva y de simplificación del sistema para concentrar la recaudación en los impuestos: al valor agregado (IVA), aportes y contribuciones sociales, ganancias de las empresas y rentas y activos personales.
En 1991, el gobierno de Menem se unió a los de Brasil, Paraguay y Uruguay para firmar el Tratado de Asunción, que confirmó la intención de estos países de crear el Mercado Común del Sur (Mercosur). En 1992, el mismo año en que se reanudaron las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, Menem ordenó que se hicieran públicos todos los expedientes secretos sobre las actividades nazis en Argentina posteriores a la II Guerra Mundial. En 1994, Argentina se adhirió al Tratado de Tlatelolco (cuyo acuerdo original databa de 1967) y entró, por tanto, a formar parte del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina (OPANAL). Este mismo año, se produce la reforma de la Constitución para que Menem pueda ser reelecto. Este proceso se realiza a través de un proceso de gestiones entre el presidente y el Dr. Alfonsín (líder radical y ex presidente de la Nación). Esto derivo en una serie de beneficios otorgados para la oposición, como ser la creación de un "Jefe de Gabinete", la elección de 3 senadores por provincia, de los cuales uno debía pertenecer a la minoría y la incorporación del balotaje. De esta manera en abril del ´93 ambos líderes firman el Pacto de Olivos.
A mediados de 1989, Menem veía que el único sector de poder en el cual el no podía influir era la Corte Suprema de Justicia, es por ello que finalmente se resolvió a través de un pedido del Ejecutivo que luego paso al Senado y finalmente aprobó la Cámara de Diputados en 1990, Aumentar él numero de miembros de la Corte de cinco a nueve. El presidente designo los nuevos miembros del Máximo Tribunal, asegurando, de esa manera, el respaldo judicial a su política.
A principios de Diciembre de 1990, se produjo un Levantamiento de los "Carapintadas", liderado por el Coronel fundamentalista Seineldin. Fue el levantamiento de mayor perdida humana desde el comienzo de la democracia. Su represión genero 13 muertos y más de 20 heridos. A causa de este hecho, Seineldin es procesado y condenado a cadena perpetua.
El gobierno de Menem busco capitalizar el apoyo cegetista para su estrategia económica. Para ello contaba con el apoyo de los sindicalistas peronistas sobre la mayoría de las organizaciones gremiales y CGT. Sin embargo, las divisiones internas de la central obrera no facilitaron la concreción de dicho objetivo. Uno de los disparadores de este malestar de los trabajadores fue la política de privatizaciones.
A partir de 1994, la política laboral se caracterizo por una búsqueda de acuerdo entre la UIA, CGT, representante de las Pymes y el gobierno, antes de enviar las iniciativas al congreso. Es así que se lograron aprobar en el parlamento una nueva reforma laboral para las pymes, flexibilización para las formas de contratación, reforma integral del régimen de accidentes de trabajo y reformas en las obras sociales. A pesar de todo, el empresariado seguía inconforme con los cambios realizados a su favor. No obstante, la flexibilidad laboral avanzo pese a no haberse alcanzado una legislación integral como la pretendida por las grandes empresas.
Entre 1992 y 1994, la industria se vio beneficiada por la entrada de capital externo para financiar el consumo permitiendo un gran aumento de la producción. Luego del Tequila, baja la participación del sector industrial en el PBI y la desregulación del comercio externo lleva a la desaparición de muchas PYMES.
La agricultura Argentina se orientó principalmente a la exportación de oleaginosas (principal producto de X argentino). Mientras que los cultivos dedicados al mercado interno decrecían por la caída del poder de compra.
Se produjo un estancamiento de la ganadería mientras que aumentó la concentración de tierras en manos de grupos económicos del exterior (Benetton), provocando la desaparición de pequeños productores.
También se produjeron dos atentados terroristas de gran escala: el primero a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y el segundo contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el 18 de julio de 1994, que provocaron 29 y 85 muertos respectivamente. Distintas fuentes, entre ellas la de los dirigentes de la comunidad judía, afirmaron que el atentado fue perpetrado por organizaciones fundamentalistas islámicas con sede en el Líbano, bajo la organización de Irán, y acusaron al presidente de desviar la investigación que conduciría a la responsabilidad de ese país. Esta teoría se consolidó cuando un ex miembro de la inteligencia iraní aseguró que Menem recibió dinero para desvincular a ese país del ataque.
